El tribunal supremo declaró infundada la petición promovida por diez legisladores oficialistas para destituir al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Entre las acusaciones se encontraban supuestas filtraciones de antecedentes y una actuación desproporcionada en las investigaciones, argumentos que el máximo órgano judicial consideró carentes de sustento. Desde la oposición se interpretó esta resolución como un firme respaldo a la autonomía del Ministerio Público y como una clara advertencia frente a posibles presiones políticas que pudieran influir en el sistema de persecución penal.
El diputado Roberto Arroyo, líder de la bancada del Partido Social Cristiano, destacó que la decisión del tribunal envía una señal positiva para el respeto institucional y para el fortalecimiento de una Fiscalía comprometida con el combate al crimen organizado. Asimismo, la diputada Marlene Pérez, de la UDI, subrayó la responsabilidad que implica cuestionar a una autoridad tan crucial, y negó cualquier trasfondo partidista en la acción, enfatizando que la remoción no debe servir como instrumento de presión política.
Por su parte, el diputado Jorge Guzmán, de Evópoli, criticó abiertamente el uso de reclamos motivados por intereses políticos, resaltando que el uso correcto de las herramientas judiciales es esencial para preservar la independencia de los poderes y el estado de derecho. La diputada Camila Flores, representante de RN, valoró la continuidad en el cargo de Cooper, destacando su participación en casos de alto impacto como el asunto Procultura y la importancia de seguir trabajando con objetividad y celeridad en beneficio de la ciudadanía.
Con esta resolución, la Corte Suprema no solo impidió la salida anticipada del fiscal Cooper, sino que también estableció un precedente sobre los límites que debe tener la fiscalización política dentro del sistema judicial, en un contexto marcado por la creciente tensión entre los poderes del Estado.
Autor: Roberto Sánchez