Se dio inicio a una audiencia trascendental en Brasil, en la que el exmandatario Jair Bolsonaro es juzgado por supuestamente liderar una trama delictiva armada con el objetivo de alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2022 y sostener su poder a pesar del triunfo de Lula. Durante la sesión, el juez Alexandre de Moraes enfatizó que es deber del Supremo Tribunal Federal impartir justicia de forma objetiva e independiente, sin ceder a presiones internas o externas, y señaló que la impunidad genera profundas heridas en la sociedad y debilita el orden democrático. El caso se remonta a los hechos del 8 de enero de 2023, cuando un asalto en la plaza de los Tres Poderes de Brasilia, con ecos similares al incidente en el Capitolio de Estados Unidos, resultó en daños valorados en más de 20 millones de reales. En febrero, el fiscal general Paulo Gonet presentó un detallado informe de 272 páginas en el que alegaba que Bolsonaro implementó un plan denominado ‘Puñal Verde y Amarillo’, orientado a socavar las instituciones democráticas y bloquear la traspaso de poder a Lula. Entre los cargos que se le imputan a él y a otros implicados se encuentran la violación del Estado de Derecho y el intento de golpe de Estado, delitos que, según el artículo 359 del Código Penal, podrían acarrear penas de tres a doce años de cárcel. Además, la acusación señala participación en una organización criminal armada, daños a la propiedad pública y deterioro del patrimonio. En caso de una eventual condena, Bolsonaro, quien se encuentra en arresto domiciliario con monitoreo electrónico, podría enfrentar más de 40 años de prisión y la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos. A lo largo del proceso, el expresidente ha calificado las acusaciones de una ‘caza de brujas’, recibiendo el respaldo de figuras internacionales como el presidente argentino Javier Milei y el exmandatario estadounidense Donald Trump.
Autor: Roberto Sánchez