Una reciente investigación basada en solicitudes bajo la Ley de Transparencia a organismos policiales, fuerzas armadas y Gendarmería revela que, desde 2020, se han registrado al menos 179 casos de desaparición de armamento institucional, entre los cuales se incluyen sustracciones y otras situaciones. Especialistas en seguridad advierten sobre los riesgos derivados de estas pérdidas. Según Pilar Giannini, exjefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, cada arma extraviada constituye un triple peligro: potencia el armamento del crimen organizado, sugiere posibles actos de corrupción internos o evidencia deficiencias críticas en los protocolos de custodia. Por su parte, Francisco Alcorta, investigador de Libertad y Desarrollo, subraya que estos incidentes no son aislados, ya que cada unidad perdida podría ser utilizada en homicidios, ajustes de cuentas, robos violentos o extorsiones. El caso más llamativo corresponde a la Policía de Investigaciones (PDI), con 104 armas desaparecidas o sustraídas, lo que preocupa debido a su constante vinculación con delitos violentos y actividades de crimen organizado. Luis Toledo, exfiscal y actual director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, explica que la operatividad de la PDI, en la lucha contra narcotráfico y otros crímenes, demanda una mayor flexibilidad en el porte de armas en comparación con otras instituciones, lo que podría estar facilitando estas pérdidas.
Autor: Roberto Sánchez