En un fallo judicial reciente, un juez optó por conceder libertad a tres policías y a un civil, quienes enfrentan cargos de secuestro y extorsión contra un ciudadano menonita. El caso se origina en una presunta deuda de 800 mil dólares por la compra de equipamiento agrícola. La resolución, basada en la aplicación de medidas sustitutivas como la detención domiciliaria, ha sido criticada por la Fiscalía, que afirmó durante el fin de semana su intención de apelar la decisión, argumentando que a pesar de haberse evidenciado riesgos procesales de fuga y de obstaculización, los acusados han sido liberados con condiciones personales.
Los orígenes del incidente se remontan al 7 de mayo, cuando la víctima fue interceptada al salir del aeropuerto de Viru Viru, Bolivia, tras regresar de Canadá. En ese momento, agentes le exigieron el pago de la supuesta deuda y lo amenazaron con mutilaciones y la muerte en caso de no cumplir. A pesar de la denuncia presentada inmediatamente, dos meses más tarde un grupo compuesto por 10 personas —entre ellos los mismos policías— irrumpió en la vivienda del menonita en el municipio de Cuatro Cañadas. Durante el asalto, el afectado logró huir por una ventana; sin embargo, su esposa fue agredida y secuestrada, lo que dio lugar a una segunda denuncia por lesiones, coacción y privación de libertad.
La investigación reveló que los agentes actuaron siguiendo las órdenes de un civil contratado específicamente para gestionar el cobro de la deuda. El rastreo de las placas vehiculares utilizadas en el primer incidente permitió identificar a los implicados. Durante un operativo que incluyó diversos allanamientos el pasado viernes, se logró la detención de cinco personas, entre ellos el agente Manuel Rosendo Z. P., quien se encuentra hospitalizado en la Caja Nacional de Salud tras resultar herido en un tiroteo ocurrido el 19 de agosto en la avenida Bush, zona del Cordón Ecológico.
Paralelamente, la Dirección General de Investigación Policial Interna (Didipi) ha iniciado un proceso administrativo contra los cuatro uniformados involucrados. El Ministerio Público, por su parte, aseguró que seguirá impulsando las acciones judiciales necesarias para revisar y, en su caso, revocar las medidas sustitutivas impuestas por el juez.
Autor: Iñigo Socías